Casi 1.000 millones de pesetas en multas por actos políticos desde 1994.
Denuncia de Gestoras Pro Amnistía publicada en GARA el 7 de febrero de 2001.

Gestoras denuncia el pago de casi 1.000 millones en multas por actos políticos

C. D. | GASTEIZ

Gestoras pro Amnistía denunció ayer que desde 1994 más de 2.500 ciudadanos vascos han sido sancionados con multas que suponen una cuantía cercana a los 1.000 millones de pesetas ­la mitad en Nafarroa­ por participar en concentraciones y actos de carácter político. Iker Zubia apuntó al respecto que el año pasado se registraron «veinte millones en multas, más los casos que faltan por tramitar», además de los encarcelamientos y pisos embargados por la misma razón.

Tras afirmar que estas sanciones administrativas suponen un ataque a la libertad de expresión, Zubia recordó que esta «represión invisible» emana de la denominada Ley Corcuera, aprobada en 1992 y con la que «inten- tan ahogar las reivindicaciones legítimas de este pueblo».

A juicio del representante de Gestoras pro Amnistía, Euskal Herria vive «un estado de excepción» en el que «se ha instaurado el pensamiento único dictatorial», de manera que «todo lo que está fuera del pensamiento único y puede poner en cuestión el actual Estado de Derecho queda prohibido, so pena de ser detenido, encarcelado o sancionado económicamente».

En la misma línea, Andoni Hernández Murga criticó la sanción administrativa a ciudadanos vascos, en base a la Ley Corcuera, por el hecho de participar en movilizaciones de determinado signo político. «El objetivo es quitar de la calle algunos mensajes y a algunos sectores de Euskal Herria». El portavoz de Gestoras constató que «aquí no existe libertad para movilizarse», lo que se refleja, a su juicio, en «verdaderas barbaridades jurídicas que hacen que la Ley Corcuera haya creado un estado de excepción». Además, con la reforma del Código Penal en lo referente al delito de apología del terrorismo «han instaurado el delito de opinión», concluyó Hernández Murga.

Los portavoces de Gestoras denunciaron en este sentido el doble rasero de la Consejería de Interior de Lakua, a la que reprocharon haber prohibido actos de la izquierda abertzale, autorizados inicialmente, para facilitar movilizaciones de grupos como Basta Ya o el Foro de Ermua, a pesar de haber sido comunicados posteriormente.

Fuentes de Interior aseguraron a GARA que «esa acusación no tiene fundamento», pero lo cierto es que el TSJPV estimó en noviembre pasado un recurso interpuesto por Gestoras después de que una convocatoria de este organismo fuera prohibida para aceptar otra de Basta Ya.